En los últimos meses, han comenzado a circular noticias que parecen sacadas de una novela de ciencia ficción, pero que ya forman parte de nuestra realidad. Una de ellas plantea el uso del reconocimiento facial como tarjeta sanitaria, una propuesta que, aunque presentada como un avance en eficiencia tecnológica, despierta serias inquietudes en relación con la privacidad y el control social.
Las tecnologías de identificación biométrica —que incluyen el reconocimiento facial, la lectura de huellas dactilares, el escaneo del iris o el análisis de la voz— se están integrando rápidamente en múltiples sectores: salud, transporte, seguridad, educación y servicios administrativos. Si bien estos sistemas prometen optimizar procesos y aumentar la seguridad, pocas veces se debate públicamente su verdadero alcance y los riesgos asociados a su uso masivo.
Uno de los peligros más evidentes es la normalización de la vigilancia permanente. La implementación de sistemas que registran, almacenan y analizan datos biométricos sin un control democrático robusto puede derivar en una sociedad donde la privacidad se desvanece en nombre de la eficiencia, y cada individuo queda expuesto al monitoreo constante, muchas veces sin saberlo.
A diferencia de una contraseña o un documento de identidad, nuestros rasgos físicos no se pueden modificar fácilmente. Una vez que nuestros datos biométricos son capturados y almacenados, el riesgo de filtraciones, usos indebidos o su explotación con fines políticos o comerciales se vuelve permanente.
En este sentido, la biometría convierte nuestros cuerpos en credenciales involuntarias y perpetuas.
En una democracia liberal, la incorporación de tecnologías tan invasivas debería estar precedida por un debate público amplio, transparente y plural, en el que se garanticen derechos, se escuchen voces críticas y se ofrezcan alternativas reales para quienes no deseen participar de estos sistemas. Sin embargo, en muchos casos, las decisiones se toman en despachos gubernamentales o en acuerdos con empresas tecnológicas, sin participación ciudadana ni supervisión independiente.
La historia ofrece numerosos ejemplos de cómo los sistemas de identificación han sido utilizados para vigilar, controlar o discriminar a determinados grupos. En los últimos años, el reconocimiento facial ha sido empleado para identificar manifestantes en protestas sociales, especialmente en países como Estados Unidos, China o Israel. A esto se suma la preocupante evidencia de sesgo racial y errores en estos sistemas, que tienden a fallar con mayor frecuencia en personas racializadas o de ciertos grupos sociales.
Frente a este panorama, diversas organizaciones de defensa de los derechos digitales están promoviendo moratorias o prohibiciones al reconocimiento facial en espacios públicos, así como leyes que regulen estrictamente su uso.
La consigna es clara: el avance tecnológico no puede ir por delante de los derechos fundamentales.
Como sociedad, es urgente tomar conciencia del rumbo que estamos tomando. La ciudadanía tiene el derecho —y el deber— de cuestionar el uso de estas tecnologías, exigir transparencia, garantías legales sólidas y, sobre todo, opciones voluntarias y respetuosas de la privacidad. En última instancia, se trata de preservar uno de los pilares fundamentales de cualquier sociedad libre: el derecho a no ser vigilado constantemente.
Porque, como bien dice el lema que algunos activistas han recuperado en este debate:
«La privacidad no es un lujo. Es la base de la libertad.»
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https://www.liberties.eu/es/stories/problemas-privacidad-reconocimiento-facial/44518
https://restofworld.org/2024/facial-recognition-government-protest-surveillance/
https://www.asisonline.org/security-management-magazine/monthly-issues/security-technology/archive/2021/december/government-facial-recognition-threatens-our-rights-to-free-speech-and-protest/
https://www.hrw.org/news/2023/09/29/time-ban-facial-recognition-public-spaces-and-borders
